Presupuestos de reconstrucción

 

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Gobernar en una democracia es, entre otras cosas y principalmente, aprobar unos presupuestos que permitan desarrollar las políticas prometidas en el programa de Gobierno de la investidura. Estamos en la curiosa situación de que lo que prometió el candidato a presidente del Gobierno en la misma, hoy presidente, el pasado enero, es muy distinto del proyecto con el que se presentó a las elecciones del 10 de noviembre de 2019, porque convocó las mismas asegurando que no podía gobernar con Unidas Podemos ni depender de los votos del independentismo catalán, que fueron, después de las elecciones, los que hicieron posible, entre otros, la formación de un nuevo Gobierno de Pedro Sánchez, ahora en coalición con Unidas Podemos, tras la pírrica victoria del PSOE, un fracaso en términos de las expectativas con las que se fue a las urnas, sólo paliado por el desastre aun mayor de Unidas Podemos y de Ciudadanos, y la insuficiente remontada del PP, empañada además por el crecimiento de VOX. El PSOE perdió 3 de los 123 escaños que tenía en el Congreso y más de 725.000 votos en comparación con las elecciones del 28 de abril de ese mismo año 2019, pero era el único partido que estaba en condiciones de formar Gobierno. Optó por hacerlo con aquellos con los que había dicho que no iba a pactar. Hay que reconocer que no era fácil hacerlo con el PP, al que había expulsado del Gobierno con una moción de censura el 1 de junio de 2018, ni sumar a Cs, que ahora por sí solo no aportaba suficientes votos para la mayoría necesaria. El pacto posible de la legislatura anterior, cuando PSOE y Cs tenían juntos 180 diputados, era una ensoñación en la nueva circunstancia postelectoral. Los votantes castigaron duramente a Rivera, con razón.

El confinamiento por la pandemia de la COVID19 retrasó, en mi opinión de forma innecesaria e imprudente, la aprobación de unos nuevos presupuestos. Siguen vigentes los del ministro Montoro, aprobados para el ejercicio de 2018. Es el tercer año en que están vigentes. El fin del Estado de alarma tampoco supuso una aceleración de las negociaciones, y llegaron las vacaciones que, como se sabe, en España suponen una paralización de casi todo, sea cual sea el momento en que nos encontremos. Parece que, ahora sí, el Gobierno, o por lo menos una parte del mismo, se ha puesto a trabajar para conseguir que el Congreso apruebe unos nuevos presupuestos, pero la situación es compleja.

Salvo que la vicepresidenta nos vuelva a explicar la deconstrucción de la sustancia “Pedro Sánchez”, diferenciando ahora entre el Pedro Sánchez de la investidura y el de la nueva “anormalidad”, es incongruente que el presidente busque ayuda para aprobar los presupuestos en el partido al que sacó del poder con una moción de censura en 2018. Después de la misma, Sánchez se vio obligado a convocar elecciones en abril de 2019 al no poder aprobar los presupuestos, y nos llevó a una nueva convocatoria electoral en noviembre de 2019 para buscar una mayoría más amplia, que no consiguió. Al contrario, perdió votos y escaños, como hemos visto. Muchos le pidieron a Sánchez que convocase elecciones nada más ganar la moción de censura porque el conglomerado de apoyos con los que consiguió la misma era tan diverso que hacía muy difícil la gobernabilidad. Se negó hasta que la realidad de no poder aprobar los presupuestos y una mejor expectativa electoral del PSOE le hicieron cambiar de opinión. Las elecciones del 28 de abril de 2019 trajeron una victoria del PSOE con 123 escaños y casi 7,5 millones de votos. La suma con Cs daba 180 diputados, pero ni Rivera ni Sánchez parecían dispuestos a pactar. Recordemos el grito de las bases en Ferraz la noche del triunfo: “¡Con Rivera, no!”. Y la cerrazón de éste para explicar a sus votantes y al conjunto de los ciudadanos que, aunque había prometido en la campaña electoral que no pactaría con Sánchez, tras las elecciones éste era el único pacto plausible y el que permitiría un Gobierno más estable y centrado. Además, hubiera cumplido dos importantes objetivos de Cs: impedir que Podemos llegase al Gobierno y que los nacionalistas e independentistas condicionasen la política del mismo porque sus votos resultarían innecesarios para la gobernabilidad, otra cuestión eran los acuerdos en País Vasco y Cataluña. ¡Qué falta de miras! El entendimiento con Podemos, con el que el PSOE sumaba 165 escaños, y permitía buscar otros apoyos para la investidura con el PNV, ERC, etc., tampoco pareció viable en ese momento, por lo que Sánchez pensó que saldría favorecido en unas nuevas elecciones, y afirmó que no podría dormir si el Gobierno dependía de los votos de Podemos y del independentismo catalán.

Después de estas segundas elecciones, Sánchez hizo justo lo contrario del motivo por el que las convocó y de lo que prometió en campaña. Para gobernar, pactó con Unidas Podemos y un conglomerado variado de partidos: PNV, Más País, Compromís, Nueva Canaria, BNG y Teruel existe. La abstención activa de ERC y EH Bildu fue también necesaria y pactada. La posibilidad de un Gobierno de gran coalición ni siquiera se exploró porque inmediatamente Sánchez pactó con Pablo Iglesias la formación de un Gobierno de coalición, desdiciéndose de todo lo afirmado en los meses anteriores, ante la posibilidad de que se abriera una nueva grieta en su liderazgo en el PSOE. Era legítimo, lo es, e incluso podría haber sido un revulsivo en la política española, pero era incongruente con el discurso de Sánchez y del PSOE en los meses anteriores. Que no ha sido un revulsivo ya lo vamos viendo. La nueva política ha envejecido demasiado rápido.

Ahora una parte del Gobierno, todos ellos miembros del PSOE, invocan un gran pacto para aprobar los presupuestos. Es verdad que la pandemia ha cambiado las circunstancias, pero no parece razonable que Sánchez sacase su investidura con unos apoyos y busque en este momento otros para poder gobernar. Con los apoyos de la investidura es con los que tiene que intentar que se aprueben los presupuestos. Si no lo consigue, fracasaría por segunda vez, y debería irse.

La opción de cambiar los votos de ERC por los de Ciudadanos es plausible, pero Cs no aprobará unos presupuestos que impulsen la política económica de UP ni nuevas concesiones al nacionalismo vasco y catalán. Sería su suicidio político. Ser flexibles es una cosa; arbitrarios, otra. Cs está mejorando progresivamente en las encuestas electorales y no debería arriesgarse a un nuevo tropezón. Ha hecho muy bien en apoyar el estado de alarma y varias medidas del Gobierno durante la pandemia, pero ir contra sus principios fundacionales no tiene sentido. No estamos en la legislatura anterior en que Cs podía condicionar la política del PSOE de forma efectiva. Ahora sus escaños son mucho menos importantes. Suman, pero no invalidan ni a UP ni a los nacionalistas. La conjunción es difícil.

Si Sánchez no lograse aprobar los presupuestos con los socios de su investidura, y dado el reiterado ciclo electoral que llevamos, lo razonable sería que dejara paso a una persona del PSOE capaz de sacar unos presupuestos de reconstrucción con el PP y Cs, que permitiesen una legislatura de al menos 2 años antes de ir a unas nuevas elecciones. Convocarlas ahora, en medio de una nueva oleada de la pandemia, sería una imprudencia.

Otra opción para aprobar los presupuestos es un gran consenso nacional en que todos renuncien a sus maximalismos para hacer frente a las consecuencias sanitarias, sociales y económicas de la pandemia. Pero si aún no se ha hecho, no parece fácil, ni Sánchez es la persona capaz de liderar estos amplios acuerdos, como ya se ha visto en los fracasados nuevos Pactos de la Moncloa, aunque su capacidad camaleónica para conseguir el poder y mantenerse en él es destacable, el mismo Maquiavelo la elogiaría. No es una cuestión que dependa sólo de la voluntad de Sánchez. Su gestión de la pandemia y de la nueva “anormalidad” tampoco le dan puntos para arrogarse este gran liderazgo. La estrechez de miras es notable en la política de hoy y, lamentablemente, estos consensos no se atisban en el horizonte, cuando más necesarios se hacen unos presupuestos de reconstrucción que sean capaces de dar respuesta eficiente a las muchas necesidades sociales y económicas que la crisis internacional de la pandemia nos ha traído. Se hace necesario integrar en estos nuevos presupuestos las ayudas europeas, imprescindibles para hacer frente a la pandemia y a la recuperación del PIB y del empleo, que todos los organismos nacionales e internacionales sitúan en cifras peores a los países de nuestro entorno. Los problemas estructurales de nuestra economía se han agravado con la pandemia y no se trata de seguir poniendo parches sino de emprender las reformas necesarias.