Un poco de coherencia en el debate político

 

Corremos el riesgo de que el debate político se convierta en un estercolero, si no hemos descendido ya a ese nivel. Escuchas a políticos de uno y otro lado –incluso aquellos que te parecían coherentes, sensatos hace no mucho– referirse al contrario –que no debería ser enemigo en términos schmittianos, sino alguien con el que cabría entenderse salvo que defienda posiciones contrarias al orden constitucional– y sólo oyes insultos, simplificaciones en las que el adversario aparece ridiculizado como imbécil o tonto, cuando no malvado. Lo mismo pasa si atiendes a las tertulias radiofónicas o televisivas. La mayoría de tertulianos, con algunas contadísimas excepciones, actúan de parte, siempre de la misma parte, alineados con alguna fuerza política. Hemos sabido que también a veces bonificados de forma directa o indirecta por algún partido, que beneficia a los que aparecen en ciertas listas. Permítanme la exageración: en este país no se puede aspirar a un cargo público de libre designación si uno no ha sido tertuliano. Si a esto añadimos que estos tertulianos se repiten más que el ajoaceite en las distintas tertulias de los distintos grupos mediáticos –porque han creado un negociete del que se retroalimentan–, y que los medios reproducen de forma reiterada los mismos cortes de las mismas intervenciones de los mismos actores políticos, reduciendo el panorama a unas cuantas broncas y estrechando mucho la heterogeneidad de la opinión pública, la verdad es que la vida política, por otro lado tan rica y tan necesaria para el buen funcionamiento de nuestra democracia, parece una discusión barriobajera sin ningún rigor en el uso de los conceptos, de los argumentos, de los hechos constatables. Todo vale para maldecir del contrario por rascar algunas décimas en la próxima encuesta. La política se ha reducido de manera lamentable a maldecir del contrario, sin que al ciudadano nos lleguen mensajes propositivos, planteamientos de solución de los problemas generales, proyectos que sobrevuelen por encima del fango diario, que los hay, pero que no llegan al público porque apenas aparecen en la prensa. Nos hace mucha falta poner coherencia en el debate político, frenar la simplificación frentista.

Pongo un ejemplo de hoy. El Gobierno de Pedro Sánchez decide retirar del Congreso la propuesta de aprobación del límite presupuestario de gasto, fase previa para la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), que tiene la obligación constitucional de presentar al Congreso (art. 134 de la Constitución) y que incumplió el año pasado, prorrogando los PGE sin que se hubieran presentado otros, obligación que debía cumplirse aun a sabiendas de que no contarían con apoyos para aprobarse. Esta propuesta de límite de gasto ya se rechazó hace unos meses porque el Gobierno no contó con los votos necesarios al negarse Junts a aprobarla. El presidente del Gobierno pudo ser nombrado al agrupar una mayoría parlamentaria diversa y compleja, que ahora resulta aún más complicada de gestionar al haberse deteriorado las relaciones con Junts tras las elecciones catalanas y el apoyo de ERC para que gobierne Salvador Illa; las relaciones con Podemos tras romper éste con Sumar, el otro pilar del Gobierno; y las relaciones con un diputado que ha salido del Grupo Socialista, el señor Ábalos, tras unos casos de presunta corrupción que aún están por sustanciarse en los tribunales. Cuando se forma un Gobierno, en este caso de coalición, que no cuenta con mayoría absoluta en el Congreso, se sobreentiende que los partidos que han apoyado la formación de este Gobierno están dispuestos a negociar y, en último término, a aprobar los PGE. Lo normal es que este apoyo presupuestario se haya negociado en la investidura porque la principal forma de actuar del Ejecutivo, aunque no solo, es a través de la ejecución presupuestaria anual. No ha sido así, por lo que parece.

Ante la falta de apoyos de sus socios de investidura para aprobar los PGE, el Gobierno reclama al principal partido de la oposición, el PP, que apoye la propuesta de límite de gasto porque beneficiaría a las Comunidades Autónomas, en su mayoría gobernadas por este partido, al prever que los PGE concederán más dinero a las Autonomías y que el Estado central asumirá todo el coste de la reducción del déficit que nos exigen desde Bruselas. Dicho así, a mucha gente esto le parecerá razonable, pero lo cierto es que si el Gobierno no cuenta con los apoyos suficientes para gobernar, apoyos que fraguó democráticamente para la investidura contra el partido que había obtenido más votos y escaños, y pasa así por segundo año consecutivo, lo más razonable, lo coherente es que este Gobierno renuncie a seguir gobernando, no que exija a la oposición que apoye a un Gobierno que se conformó contra el partido mayoritario del Congreso que además cuenta con mayoría absoluta en el Senado. Esto es lo coherente. Lo otro es enturbiar. Siguiendo la lógica del propio Gobierno, lo razonable sería, entonces, que se conformase uno con el apoyo del PSOE al PP para poder sacar los PGE y beneficiar así a las Comunidades Autónomas. Mi impresión es que Junts acabará apoyando los PGE, pero habrá que ver a cambio de qué, y entonces vendrá la negociación con el resto, incluyendo Podemos y Ábalos.

Es solo un ejemplo, se podrían poner otros muchos en que la lógica partidista o frentista se opone e impone a la coherencia política. Estamos en un tiempo en que predomina una supuesta coherencia partidista frente a la lógica del interés general. Lo hemos visto en la persistente falta de acuerdo para nombrar a los miembros del Consejo General del Poder Judicial y en las negociaciones para elegir a su presidente, que finalmente se han resuelto con la elección de una presidenta que parece va a salirse de estas lógicas frentistas. Ojalá sea así. Al PSOE le ha salido bien ya en varias ocasiones la construcción de un relato en que el argumento principal es que viene el lobo de la ultraderecha, aliado con la derecha ultra que viene a ser lo mismo y que ambas están muy cerca del fascismo, cuando no inmersas en él. Es verdad que el PP da importantes vaivenes en su discurso, por ejemplo en inmigración, para dar alas y visos de credibilidad al relato gubernamental, pero la incoherencia del relato gubernamental se manifiesta cuando el Gobierno, para formarse y para mantenerse, está dispuesto a apoyarse en una ultraderecha independentista, Junts, y en los socios de ésta hace unos años, ERC, una izquierda republicana independentista que junto a ellos dieron en 2017 un golpe al Estado, con Puigdemont a la cabeza, e intentaron romper ilegal e inconstitucionalmente la soberanía común del pueblo español, idea a la que no han renunciado ni unos ni otros por mucho que ERC a veces se vista los ropajes de cordero. Esta lógica se rompe también al aliarse el PSOE con una ultraizquierda populista y, junto a Sumar, con los herederos de una organización terrorista que no acaba de condenar la historia trágica que produjo el terrorismo y siguen apoyando homenajes a etarras. Este conglomerado frankenstein, como lo denominó Rubalcaba, es el que favoreció la formación del Gobierno de Sánchez por tercera vez. Muchos están encantados de que siga, incluso aunque no pueda gobernar, con tal de que no gobierne la derecha, con tal de seguir ocupando algunas parcelas de poder aunque no haya PGE o aunque cada ley que se apruebe sea tras someterse a las presiones diversas y divergentes de esta amalgama pluriversa, bordeándose si es necesario la Constitución como con la Ley de amnistía o el acuerdo de financiación singular solidaria –lo que hay que oír– de la Comunidad Autónoma de Cataluña en el que no pocos vemos un cupo de difícil encaje constitucional.

El Gobierno está elegido democráticamente, tiene pleno derecho a intentar gobernar, pero si por segundo año no es capaz de sacar unos PGE, ni de aprobar apenas leyes, quizá es el momento de pensar en otra circunstancia. No soy partidario de las grandes coaliciones, porque en una democracia es necesaria la alternancia, pero menos lo soy de gobernar con los que quieren romper la soberanía común o con los que están dispuestos a quebrar principios constitucionales básicos y establecer una democracia iliberal. Es momento de que la coherencia política se imponga sobre el partidismo servil, pero faltan líderes que miren más allá del légamo en que han convertido la política y de sus propios e inmediatos intereses que casi nunca coinciden con el interés general.

Lo de hoy pasa el mismo día en que la Audiencia Nacional se opone a un recurso de la Fiscalía e indica a un juez que siga investigando nuevos temas que pueden implicar en casos de corrupción y tráfico de influencias a la esposa del presidente del Gobierno, al tiempo que la UCO –Unidad Central Operativa de la Guardia Civil– entra, a petición judicial también, en las oficinas de la Diputación de Badajoz para buscar documentos que puedan sustanciar los presuntos delitos cometidos por el hermano del presidente del Gobierno –todo será lawfare–, quien hace unos días mandó nuevamente a un emisario a negociar en Suiza los PGE con un huido de la Justicia al que han intentado aplicar una amnistía que tiene difícil encaje en el marco constitucional –un Tribunal Constitucional desacreditado decidirá– y en la legislación europea. No me digan que el panorama no da para un buen argumento de una novela bufa. Aunque sea una cuestión menor, estuve este verano en Suiza y está carísimo. Como imagino que estos encuentros acaban yendo contra el erario, propongo que ante la falta de grandes soluciones, por lo menos busquen cerca de Waterloo un restaurante y un hotelito económicos.