Legislatura agotada

 

El TC puede evitarnos un ridículo y un gran problema

 

Aunque la legislatura dure hasta el final, hasta 2027, ya está agotada por la dificultad de sacar adelante unos presupuestos y las principales políticas que proponga el Gobierno. El presidente del Gobierno, según la competencia que le otorga la Constitución, podrá proponer al rey la disolución de las Cortes cuando lo estime oportuno, tras la deliberación del Consejo de ministras y ministros, pero, en el fondo, sabe que la legislatura ya está agotada.

Llevamos dos años con presupuestos prorrogados y sin presentar una propuesta de nuevos presupuestos al Congreso, incumpliendo así la Constitución, y no parece fácil que este año vaya a haber una propuesta presupuestaria, con lo que se volverá a incumplir la Constitución por tercera vez, y se tendrán que prorrogar una vez más los presupuestos, lo que supondrá incumplir de nuevo compromisos como la financiación de la nueva ley que prevé ayudas a los enfermos de ELA. Estamos ante un Gobierno que no puede gobernar, o que gobierna con las manos atadas. A pesar de que muchas cifras macroeconómicas son buenas, lo cierto es que los ciudadanos no acabamos de percibir que las cosas vayan mejor en nuestro día a día.

A los socios parlamentarios del Gobierno, algunos dentro de éste, no les interesa que la legislatura se agote antes de tiempo porque casi ninguno tiene certeza de que podrá mejorar sus resultados electorales. Al PSOE, tampoco, aunque el presidente podría pensar que antes del 2027 surgiera una ventana de oportunidad en que volviera a salirle la jugada de 23 de julio de 2023 con un renovado discurso del miedo a que viene la ultraderecha. Si las encuestas no permiten intuir esta ventana, la legislatura llegará a su final natural. Algunos socios del Gobierno saben que, según las encuestas serias, pueden ahora empeorar mucho sus resultados electorales, hasta el punto de que podrían casi desaparecer o dejar de tener influencia en la política española. Es el caso de Sumar y de Podemos, que ya ha roto con un Gobierno al que ha calificado en los últimos meses como “de la guerra” y “de las cloacas del Estado”. Sumar, mientras vive agónicamente su disolución –ahora es Compromís quien quiere salirse del grupo parlamentario–, antes o después tendrá que acentuar aún más –ya lo ha hecho en varias ocasiones– su distancia ideológica del PSOE para competir con Podemos por quién representa mejor el espacio a la izquierda del Partido Socialista. La situación de maltrecho poder político para el espacio a la izquierda del PSOE que pueden traer las próximas elecciones generales, cuando sean, podría llegar a ser peor que la que hubo en los peores momentos de lo que llamábamos Izquierda Hundida.

Si a esto añadimos que muchas elecciones autonómicas y las municipales, cuya celebración pudiera coincidir o no con las generales, podrían traer unos resultados aún peores al PSOE, Sumar y Podemos que las últimas elecciones de 2023, la pérdida de poder territorial de la izquierda podría llevar a una debacle de todo este espacio. Y son muchos puestos de trabajo perdidos y mucho dinero que se dejaría de gestionar. Podríamos estar en una circunstancia similar a la que han vivido los partidos socialistas de Francia e Italia, prácticamente deshechos. Muchos se niegan a ver esto e invocan la resistencia de los laboristas británicos, ahora en el poder –aunque aquí el sistema electoral favorece el bipartidismo–, de algunos países nórdicos y, hasta cierto punto, de Alemania, donde el SPD, a pesar de perder las elecciones, ha conseguido mantenerse en el Gobierno como socio minoritario para evitar que la CDU pacte con la ultraderecha de AfD. Cosa impensable aquí después de que Sánchez desquebrajase el PSOE cuando esto se planteó en tiempos de Rubalcaba. Veremos qué pasa en Portugal.

La legislatura está agotada, insisto, aunque el presidente decidiera alargar su agonía durante dos años más. Junts y ERC van a medir mucho sus apoyos parlamentarios al Gobierno para intentar mostrar a sus potenciales electores quién representa mejor la propuesta independentista, a la que aún no han renunciado. El PNV y EH Bildu también están compitiendo por la hegemonía en el País Vasco y a ninguno le interesa mostrar demasiado seguidismo con Madrid, a pesar de que siempre pueden justificar su apoyo al Gobierno por el temor que produce la posible llegada de la ultraderecha a la Moncloa como apoyo necesario del PP.

Ninguno de los actuales socios parlamentarios del Gobierno parece interesado en apoyar una moción de censura que desalojara a Sánchez de la Moncloa con el único objetivo de que el candidato ganador convocase unas elecciones generales de inmediato. Los casos de presunta corrupción y de prácticas sospechosas de ilegalidad para condicionar algunas investigaciones judiciales, aún no sustanciados en los tribunales, que afectan al entorno más inmediato del presidente –su núcleo familiar más cercano y el que fue su mano derecha en el PSOE–, no les parecen suficientes a los socios parlamentarios del Gobierno para apoyar una moción de censura, aunque apoyaron una contra Rajoy por motivos similares, pero prefieren un Gobierno débil de Sánchez que la incertidumbre de unas elecciones que pudieran traer un Gobierno débil de Feijóo con el apoyo necesario de Vox.

Estando la legislatura agotada, aunque languidezca dos años más, los magistrados llamados progresistas del Tribunal Constitucional no necesitan “dar un respiro al Gobierno con el aval de la amnistía”, como decía ayer El País en un titular, y bien pudieran atenerse sólo a criterios jurídicos para sentenciar la inconstitucionalidad de la llamada ley de amnistía. La inmensa mayoría de juristas de prestigio de este país así lo han demostrado. Sólo hay algunas voces discordantes que estarían dispuestas a orinar en las pilas de Ferraz y de los independentistas dijeran lo que dijesen el Gobierno, Junts y ERC. El meapilismo no es sólo clerical. El TC podría evitarnos un tremendo ridículo y evitar un problema muy serio a nuestra democracia, porque si avala esta ley, cualquier mayoría absoluta parlamentaria futura podrá amnistiar a quien quiera. Pensemos bien dónde nos metemos. Si el TC avala la ley, evidentemente tendremos que acatar su sentencia, lo que no podrá conseguir el alto Tribunal es que dejemos de criticarla. Habrá perdido su prestigio y su credibilidad.