Amnistía, no, aunque fuese constitucional

En una entrada de mi Blog “El pensatorio de las ideas”, publicada hace unos días y titulada “No se puede” (https://elpensatoriodelasideas.blogspot.com/2023/09/no-se-puede.html), expliqué las razones por las que, en mi modesta opinión, ni una ley de amnistía ni un referendum de autodeterminación tienen encaje constitucional y, por tanto, de aprobarse, serían inconstitucionales. No las reitero.

Ahora voy a dar las razones políticas por las que pienso que no sería oportuno aprobar una ley de amnistía para favorecer a los que delinquieron durante el llamado “procés” para la independencia de Cataluña, aunque aceptásemos la hipótesis de que la ley de amnistía fuera constitucional. La prevista amnistía afectará a un número de personas que algunos han calculado en torno a 1.500, pero lo cierto es que la misma lo que busca es favorecer a unos cuantos líderes políticos que no superan las dos decenas, algunos, como Puigdemont, huidos de la Justicia y aún no juzgados, otros, indultados pero inhabilitados para ejercer cargos públicos, como Junqueras. La previsible ley de amnistía permitiría no juzgar a los cerca de 400 encausados pendientes de sentencia o de juicio, a los huidos de la Justicia y a cualquiera que, habiendo cometido delitos, aún no hubiese sido encausado.

Toda ley de amnistía pretende, dicho en román paladino, hacer “borrón y cuenta nueva”, incluso con delitos de sangre, para iniciar una nueva etapa de concordia. Es un fin loable. Parece necesario para conseguir el mismo que los potencialmente amnistiados, sobre todo cuando hablamos de un Estado de derecho, no del paso de una dictadura a una democracia como en la Ley de Amnistía de 1977, tengan que mostrar un reconocimiento de que las acciones por las que han sido o pueden ser juzgados fueron un incumplimiento de la ley y comprometerse a no vulnerar la misma con los mismos fines. Esta situación no se produce actualmente porque los líderes de Junts per Catalunya y de Esquerra Republicana de Catalunya insisten en llamar “represaliados” a los perseguidos por incumplir la ley. No hay ninguna represalia en el intento de encausarlos y juzgarlos ni en los juicios que ya se han producido, sino simplemente un cumplimiento estricto del Estado de derecho. No se les persigue ni por sus ideas ni por haber votado, sino por haber organizado un referendum declarado ilegal y haber proclamado la independencia de Catalunya, entre otras acciones ilegales, para lo que utilizaron fondos públicos malversando el fin para el que estaban previstos, entre otros delitos, algunos ahora suprimidos, como el de sedición, en una reforma muy cuestionable del Código Penal. Además, varios líderes independentistas y, en concreto, Puigdemont insisten en que volverían a realizar hechos parecidos, es decir, delictivos, por los que son perseguidos por la Justicia o han sido juzgados. No hay, por tanto, un ánimo de concordia, de convivencia, sino de continuar con el enfrentamiento y de vulnerar la ley. Los independentistas pueden evidentemente, dentro de nuestro marco constitucional y normativo, defender sus ideas, incluyendo la de independizar Cataluña del resto de España, lo que no pueden hacer es violar la ley para conseguir este fin y pensar que pueden quedar al margen del sistema legal. Por esto es absurdo, cuando se habla de que existe un “conflicto político”, afirmar que tiene que resolverse sólo por medios “políticos”, lo que implica que no se debería seguir la vía judicial cuando se cometieran delitos. Esto es tanto como decir que cualquiera que alegue que actúa políticamente no tendría que someterse a las normas, ni ser perseguido si las vulnera. Un absurdo democrático. Hay que buscar soluciones “políticas” al “conflicto político”, pero siempre dentro de la ley. Como dijo Cicerón en el Pro Cluentio: “tenemos que ser siervos de la ley para poder ser libres”. Fuera de la ley no hay libertad, sólo anarquía, en su sentido etimológico.

Por otro lado, una ley de amnistía exigiría, en mi modesta opinión y en la de otros muchos ciudadanos, un consenso más amplio, mayoritario. Hubiera sido muy recomendable que se hubiera buscado sumar a otras fuerzas políticas además de las que al parecer van a dar su apoyo a la previsible investidura de Pedro Sánchez. Hacer una ley de amnistía contra el criterio del principal partido de la oposición, el PP, que además ha sido el más votado y el que mayor número de escaños tiene en el Congreso y mayoría absoluta en el Senado, no parece muy coherente en términos democráticos. Como la ley de amnistía se quiere aprobar ahora deprisa y corriendo para amarrar los votos necesarios para la investidura, la búsqueda de este recomendable consenso es muy complicada y, en cualquier caso, sería prácticamente imposible convencer al PP de que la amnistía es constitucional cuando la mayoría de los líderes socialistas, incluyendo Pedro Sánchez, afirmaban antes de las elecciones generales del 23J que era inconstitucional.

Por muy grandilocuentes palabras que quiera utilizar el presidente del Gobierno para aprobar la amnistía, e invoque a “España” y la “convivencia”, todo el mundo ha visto claro que el único fin que persigue es asegurar su investidura ante la necesidad de sumar los votos de Junts y ERC, que la exigen, los cuales se añadirían a los de Bildu, PNV, BNG y, claro, Sumar.

Sánchez está en su derecho de intentar formar Gobierno, sobre todo después de la fracasada investidura de Feijóo, al haber recibido el encargo del rey, pero no a cualquier precio, sobre todo no al precio de violentar o violar la Constitución, nuestro marco legal máximo de convivencia. Una vez escuchadas las exigencias de los partidos independentistas para dar sus votos a su potencial investidura, en tanto éstas vulneran la Constitución, Sánchez debía: 1) renunciar a la investidura y abrir paso a la posibilidad de que se convoquen nuevas elecciones, a las que podría presentarse el PSOE con un programa que incluya explícitamente la amnistía si ahora sus dirigentes piensan que es constitucional y una medida necesaria para mejorar la convivencia; 2) ofrecer un acuerdo al Partido Popular, como partido que ha obtenido más votos y escaños, para favorecer una investidura de Feijóo con un acuerdo de gobernabilidad que incluyera la aprobación de presupuestos. Se podría aprovechar para llevar a cabo las reformas políticas, sociales, judiciales y económicas que nuestra sociedad necesita, incluso plantearse una reforma constitucional, por lo menos en aquellos aspectos en los que se podrían alcanzar consenso como la supresión de la prioridad del varón sobre la mujer en la sucesión de la corona. Legislatura corta, por tanto, porque habría que disolver las cámaras para aprobar esta reforma constitucional.

Es falso el dilema que quieren plantearnos de “o amnistía y políticas sociales o gobierno del PP con la extrema derecha”. Había, y hay, más opciones. Por un lado, Vox ofreció sus votos al PP sin exigir entrar en el Gobierno para la fallida investidura de Feijóo. El PSOE podría haber dado sus votos, o parte de ellos, al PP para favorecer esta investidura y evitar las exigencias ilegales de los independentistas. Aún se puede, pero aquél era otro momento y fue legítimo que Sánchez esperase su turno para intentar formar Gobierno. Ahora, ante las exigencias ilegales de los independentistas, el PSOE podría alcanzar algún tipo de acuerdo para que el PP, como partido más votado, pudiera gobernar, bien con un Gobierno de gran coalición, bien con pactos puntuales para dar estabilidad a un Gobierno del PP en minoría para que no necesitase los votos de Vox, si realmente el temor es la entrada en el Gobierno de la extrema derecha o que el PP se apoye en ella para aprobar sus políticas. Si el PSOE hubiera sido el partido más votado y con más escaños, en una circunstancia similar, pienso que el PP debiera hacer lo mismo.

Mas aquí lo que sucede es que Sánchez quiere seguir como presidente del Gobierno y Yolanda Díaz como vicepresidenta a cualquier precio, Puigdemont no está dispuesto a pasar ni una noche en el calabozo y debe haberse cansado de su estancia extrajudicial –que no exilio– en el paraíso de Waterloo, y Junqueras quiere volver a la política activa porque trabajar fuera de la política es más incómodo y menos glamuroso. Si el PSOE y Sumar no consiguieran retener el Gobierno, su situación sería muy complicada. El PSOE y los partidos ahora integrados en Sumar consiguieron muy poco poder territorial en las últimas elecciones municipales y autonómicas. El PSOE sólo gobierna en 3 autonomías y con mayorías muy justas, ha perdido los ayuntamientos de 15 grandes ciudades y sólo gestiona, en solitario o en coalición, una quincena de capitales de provincia. Para un partido con la estructura territorial del PSOE, esto es poquísimo poder local y, en consecuencia, mínimas posibilidades de ofrecer cargos a sus líderes y de disponer de la gestión de presupuestos que favorezcan de una u otra manera a la militancia si perdieran el Gobierno central. En el caso de Sumar, que sufre la abierta hostilidad de uno de sus socios, Podemos, si se perdiera la posibilidad de seguir gobernando, lo tendría muy difícil para consolidarse como la fuerza mayoritaria a la izquierda del PSOE. Recordemos que es un “movimiento” que aún está en mantillas y sufre fuertes tensiones internas.

El PSOE, que ya en tiempos de Zapatero pactó con ERC sin establecer las necesarias líneas rojas e inició un proceso de reformas estatutarias que era absolutamente innecesario, de donde vienen buena parte de nuestros problemas, debería hacer una reflexión profunda sobre si la gobernabilidad de España puede sostenerse en partidos que defienden abiertamente la ruptura de la unidad soberana del pueblo español y que no respetan nuestro marco constitucional. Que lo quieran cambiar es perfectamente posible y tienen vías legales para hacerlo, pero que no lo respeten es un problema grave.

La situación de considerar al contrario político como un enemigo con el que no se puede alcanzar acuerdos, el veto constante del PSOE y Sumar al PP (no sólo a Vox) y del PP al PSOE y Sumar tienen que ponerse en cuestión. La política democrática necesita unos consensos mínimos entre las grandes fuerzas parlamentarias.

Está por ver si la ley de amnistía se aprueba como ley ordinaria o como ley orgánica, es decir, por mayoría simple o por mayoría absoluta. Suponiendo que el Tribunal Constitucional la avale –veremos, porque además es seguro que muchos de sus miembros o sean recusados o tengan que abstenerse por distintos motivos al haberse pronunciado sobre el tema–, esto significaría que cualquier mayoría simple, si se aprueba por ley ordinaria, o cualquier mayoría absoluta del Congreso de los Diputados, si se aprueba por ley orgánica, podría en el futuro amnistiar a quien quisiera. ¿Somos conscientes de lo que esto significa para nuestro Estado social y democrático de derecho? ¿Somos conscientes de lo que esto implica para la necesaria división de poderes de nuestra democracia? ¿Somos conscientes de la vulneración sistemática que esto podría suponer para el principio de igualdad ante la ley y el principio de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos? ¿Somos conscientes? Jugar con los valores esenciales de la democracia es mal asunto y conlleva riesgos difíciles de calcular ahora, en su extensión y profundidad, en términos de degradación institucional y democrática.

Se nos intenta convencer de que la amnistía sería el paso definitivo para la reconciliación de la sociedad catalana y de la sociedad española en su conjunto, pero si tenemos algo de perspectiva histórica podemos intuir que no será así, que los independentistas no renunciarán nunca al fin último de proclamar la independencia de Cataluña, sea mediante una negociación con el Estado –algo inviable desde el punto de vista constitucional salvo que se modificara la Constitución– o sea mediante una declaración unilateral, aunque uno sospecha que, en el fondo, los partidos nacionalistas no quieren la independencia sino que lo que pretenden es mantener la hegemonía del poder público y del control del presupuesto, cuanto más mejor, en su territorio, porque si alcanzasen la independencia tendrían que hacer frente a cuestiones muy complejas como las siguientes: ¿incluiría una constitución catalana el derecho de autodeterminación para los españoles residentes en una Cataluña independiente a sabiendas de que pueden ser mayoría y podrían revertir la independencia?, ¿se consideraría el español lengua cooficial y vehicular en la educación y en las administraciones públicas a sabiendas de que es mayoritaria?, ¿cómo se gestionaría la entrada en la UE?, ¿se mantendría el euro como moneda oficial aún a sabiendas de que por largo tiempo Cataluña estaría al margen de la UE y de la eurozona? Podríamos seguir. Si estudiamos la historia del último siglo y medio, desde que nació el catalanismo político, vemos que ninguna de las concesiones del Estado ha resultado suficiente para poner fin al llamado “problema catalán”. Lo último que se nos dijo era que los indultos, la supresión del delito de sedición y la reforma del delito de malversación eran los pasos imprescindibles para la buscada reconciliación y concordia. Tampoco han sido suficientes. Cómo bien dijo Ortega y Gasset hace un siglo, el “problema catalán” en realidad es el problema de una parte de ciudadanos españoles catalanes que no se sienten parte del todo y quieren vivir como un todo aparte, pero, como hay otro núcleo importante de ciudadanos españoles catalanes que sí se sienten parte de ese todo, la posibilidad de alcanzar un acuerdo es remota. En el fondo, es un problema sentimental y, en último término, no es soluble en términos jurídicos y políticos. La famosa teoría de la “conllevancia”. Siglo y medio ha pasado y aún no se ha solucionado el problema. A lo mejor Ortega y Gasset tenía algo de razón. El sustrato del conflicto es que los líderes nacionalistas han fomentado durante décadas la confrontación y no tienen ninguna intención de dejar de hacerlo. También el nacionalismo español ha echado leña al fuego en no pocos momentos. El problema sólo entrará en vías de solución cuando los líderes catalanistas sean democráticamente desalojados del poder por un largo tiempo y la mayoría de los ciudadanos españoles catalanes que ahora quieren vivir aparte entiendan que pueden vivir satisfactoriamente bien dentro de España. Hará falta mucha pedagogía, a la que se ha renunciado.

Sánchez se comprometió públicamente a traer a Puigdemont para ponerlo a disposición de la Justicia. Ahora parece que quiere traerlo entre algodones, no necesariamente en el maletero, en uno de los Rolls Royce de Patrimonio Nacional. Sánchez se comprometido públicamente a no conceder la amnistía ni el referendum porque le parecían inconstitucionales. Ahora está dispuesto a conceder, al menos y por ahora, la amnistía. La falta de principios en un líder político, cuando además pone en cuestión valores esenciales de la convivencia y del marco normativo, incluida la Constitución, es un tema gravísimo. Quién no tiene principios puede aceptar cualquier fin y cualquier medio.

Dicho todo esto, si la amnistía fuera constitucional, como lo es en Francia, Italia, Portugal, por poner algunos ejemplos, sería legítimo que se propusiera, que se buscase con ella, aunque ingenuamente en mi opinión, la reconciliación y la mejora de la convivencia, pero el problema es que no es constitucional. Mucha gente se cree de buena fe el discurso a favor de la amnistía que ahora pronuncian los líderes del PSOE y de Sumar, pero no son conscientes del grave error que es vulnerar los principios esenciales del Estado de derecho y de la democracia. Si hoy es por esto, mañana por qué será. Si la amnistía se aprueba, las consecuencias en el deterioro de nuestra democracia son imprevisibles. El fin que se persigue con la amnistía, la mejora de la convivencia, se puede conseguir, como ya se intentó, mediante indultos, que sí tienen encaje constitucional siempre que no sean generales, y que sí son una potestad constitucional del Gobierno, pero la cuestión es que Puigdemont no quiere arriesgarse a pasar ni una noche en el calabozo ni quiere ser juzgado, y Junqueras quiere reintegrarse ya a la política activa plenamente porque salió mal la reforma del delito de malversación y sigue inhabilitado para ejercer cargos públicos. Por cuestiones tan menores, tan personales, incluyendo la de seguir en el Gobierno a toda cosa, aunque se enmascaren con grandes palabras y se invoque a la colectividad, a España y a Cataluña, no merece la pena poner en riesgo los principios esenciales del Estado social y democrático de derecho en el que vivimos. ¡No a la amnistía!

Javier Zamora Bonilla

Profesor de Historia del Pensamiento y de los Movimientos Sociales y Políticos

Director del Máster de Teoría Política y Cultura Democrática

Universidad Complutense de Madrid

Facultad de Ciencias Políticas y Sociología